Virgilio Barco Vargas

Descendiente por ambos progenitores de dos generales que alcanzaron renombre a finales del siglo XIX, recibió la instrucción escolar en el Colegio Sagrado Corazón de Cúcuta y estudió Economía e Ingeniería en la Universidad Nacional de Bogotá, donde se licenció como ingeniero civil en 1942. En 1943 obtuvo un máster de Ingeniería en el célebre Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y con esta importante formación regresó a Colombia para integrarse en la alta administración del Estado. Primero secretario de Obras Públicas de Norte de Santander, luego se hizo cargo de la oficina departamental de Hacienda, entre 1945 y 1946 trabajó en el Ministerio de Comunicaciones del Gobierno en Bogotá y en el último año citado se desempeñó de secretario en el Ministerio de Correos y Telégrafos.

Su inicio en la política representativa discurrió en el ámbito local y en las filas del Partido Liberal Colombiano (PLC). En 1945 ganó el mandato de concejal en Durania y casi de inmediato pasó a presidir el propio municipio y la sección departamental del PLC. En 1947 desplazó su labor de primer edil a la corporación de su Cúcuta natal y en 1949 cesó en esta función al ser elegido representante en la Cámara nacional. En aquellos años de alta turbulencia política, el PLC se encontraba dividido en tendencias ideológicas al tiempo que en la oposición a los gobiernos del Partido Conservador Colombiano (PCC).

En 1950 Barco contrajo matrimonio con la estadounidense nacionalizada colombiana Carolina Isakson, hija del presidente de la Colombian Petroleum Company, con la que iba a tener cuatro hijos además de reforzar sus vínculos personales y profesionales con Estados Unidos. En 1951, siendo presidente de la República Laureano Gómez Castro, cabeza del ala más derechista -si no parafascista- del PCC, Barco dejó su escaño y se instaló con su esposa en Estados Unidos para retomar la actividad académica, tanto docente como lectiva. Perfiló su segunda especialidad, la de economía, en el MIT, donde tuvo como profesores a los futuros premios Nobel Robert Solow y Paul Samuelson, y en la Universidad de Boston, donde se doctoró en Economía Industrial en 1954.

En 1956 regresó a Colombia y tras la caída en mayo de 1957 del dictador militar Gustavo Rojas Pinilla retomó la actividad política. Asistió al candidato liberal y ex presidente (1945-1946) Alberto Lleras Camargo en su campaña electoral de 1958, quien luego de ganar la Presidencia por segunda vez le nombró ministro de Obras Públicas en su Gobierno. En 1961 dejó el ministerio para servir como embajador de Colombia en Londres, pero en 1962 estaba de vuelta en Bogotá para presentarse a senador en las elecciones de aquel año. Obtenido el mandato en la Cámara alta del Congreso, el nuevo presidente, el conservador Guillermo León Valencia Muñoz, le recuperó para el Ejecutivo como ministro de Agricultura en virtud del pacto de coalición vigente, que a su vez era una de las dimensiones del Frente Nacional suscrito por el PCC y el PLC en 1957 para, presentando un candidato común en las elecciones, turnarse en la Presidencia hasta 1974.

En mayo de 1964 Valencia le puso al frente del Ministerio de Hacienda y Barco se encargó de esta importante oficina hasta el final del período de Gobierno. A partir de 1966, durante la administración del liberal Carlos Lleras Restrepo, el ingeniero desempeñó la labor de mayor trascendencia desde que iniciara su carrera política, la de alcalde de Bogotá, destacándose como un promotor del desarrollo urbano capitalino y ganando una popularidad sobre la que apoyarse para ulteriores empresas políticas. En 1970 mutó la gestión municipal por sendos puestos en las juntas directivas del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, en 1974 pasó al Comité Asesor de Relaciones Exteriores de Colombia al tiempo que renovó su acta de senador, y en 1977 retornó a su antigua labor diplomática, como embajador de Colombia en Washington, que prolongó hasta 1980.

Con tan larga, sólida y rica trayectoria en el servicio público, haciendo gala de un perfil más técnico que ideológico, de línea centrista, así como de un carácter afable y moderado, Barco fue el escogido por el PLC para representarle en la lid presidencial del 25 de mayo de 1986 e intentar reconquistar el Ejecutivo, perdido frente al PCC en la persona de Belisario Betancur Cuartas cuatro años atrás. La nominación de Barco fue promovida por la corriente mayoritaria del partido que dirigía el ex presidente (1974-1978) y ex candidato presidencial (1982) Alfonso López Michelsen, y, durante unos meses, hasta que fue retirada, rivalizó por la conquista del voto liberal con la candidatura del senador Luis Carlos Galán Sarmiento, promotor del partido centroizquierdista Nuevo Liberalismo y que había llegado a las urnas en la contienda presidencial de 1982 con el soporte de los ex presidentes Lleras Camargo y Lleras Restrepo.

Llegado a la recta final de la campaña con el apoyo de todas las familias del PLC, de los últimos cuatro presidentes liberales -los Lleras, López Michelsen y Julio César Turbay Ayala (1978-1982)- y del propio Galán, y a rebufo de la rotunda victoria cosechada por su partido en las elecciones legislativas del 9 de marzo, el 25 de mayo Barco batió al aspirante gubernamental Álvaro Gómez Hurtado, hijo del ex presidente Laureano Gómez y continuador de esta saga de marcado signo conservador, con el 58% de los votos, el mayor porcentaje obtenido nunca por un candidato a la suprema magistratura del poder ejecutivo.

El 7 de agosto de 1986 Barco tomó posesión con un mandato cuatrienal en una temporada particularmente aciaga del acontecer nacional, estando aún frescas dos conmociones sucedidas en noviembre de 1985: la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que provocó una gigantesca catástrofe humana y material, y el asalto por un comando de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, en pleno corazón de Bogotá, que fue repelido por el Ejército tras una violentísima batalla en la que murieron un centenar de personas, entre magistrados, soldados, guerrilleros y personal civil.

En su alocución inaugural, el sexagenario mandatario se comprometió a erradicar los niveles extremos de pobreza, a combatir el desempleo, a fomentar el desarrollo rural, a fortalecer la justicia y a proseguir la política de paz y reinserción -comenzada por Betancur y saldada hasta la fecha con mediocres resultados al obtener avances en algunos frentes guerrilleros pero rotundos fracasos en otros- con los grupos insurgentes que estuvieran dispuestos a acatar la legalidad y participar en la dinámica parlamentaria, para lo que anunció la creación de un organismo de coordinación directamente dependiente de la Presidencia de la República. La oficina tomó el nombre de Consejería Presidencial para la Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación, y reemplazó a las comisiones de paz y verificación nombradas por Betancur. Empero, el flamante presidente advirtió que el Estado actuaría sin contemplaciones con los grupos rebeldes que se obstinaran en proseguir lo que era, de hecho, un estado de guerra, según se encargó de concienciar a la opinión pública, una estrategia mixta que vino en llamarse de "mano tendida y pulso firme".

Puesto que los conservadores declinaron entrar en el Gobierno con tres ministros, el Gabinete de Barco quedó integrado exclusivamente por miembros del PLC. Con esta decisión, los dos partidos dominantes enterraron el último vestigio del Frente Nacional e inauguraron la dialéctica clásica de poder-oposición. El propio Barco contribuyó a este cambio en las reglas del juego democrático al definir un programa de gobierno propiamente liberal, que buscaba diferenciarse de las propuestas conservadoras. El caso fue que la presidencia de Barco coincidió con uno de los períodos más agudos de violencia en la reciente historia colombiana, con la doble ofensiva lanzada por las diversas organizaciones guerrilleras y los cárteles del narcotráfico. Éstos estaban irritados por las primeras extradiciones de jefes mafiosos reclamados por la justicia de Estados Unidos con arreglo al Tratado bilateral suscrito por el propio Barco y el secretario de Estado de la Administración Carter, Cyrus Vance, el 14 septiembre de 1979.

El auto en febrero de 1987 de la Corte Suprema declarando la inaplicabilidad del Tratado de Extradición con el argumento de que en el momento de su entrada en vigor no había sido ratificado por el entonces presidente, Julio César Turbay Ayala, fue considerado por los observadores como un serio revés para el Gobierno, que sin esta espada de Damocles legal prácticamente se quedaba inerme en el combate contra el muy poderoso cártel del Medellín. Para corregir dicho defecto, Barco ratificó el Tratado, pero el Supremo insistió en su invalidez.

Cobraron fuerza los asesinatos selectivos cometidos por las bandas de sicarios o pistoleros por encargo, y las matanzas de campesinos perpetradas por paramilitares en el seno de las autodefensas ciudadanas, las cuales proliferaban al calor de la lucha antiguerrillera y estaban ampliamente vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado y a los intereses de la oligarquía ultraconservadora. En añadidura, el país fue conmovido por una ola de secuestros políticos sin precedentes, como el del candidato del PCC a la alcaldía de Bogotá (y futuro presidente de la República) Andrés Pastrana Arango en enero de 1988, el del procurador general de la nación Carlos Mauro Hoyos, capturado en los mismos días que el anterior y también por sicarios del narcotráfico, cuyo cuerpo fue encontrado acribillado a balazos, o el de Gómez Hurtado, retenido por el M-19 entre mayo y julio de 1988 y, como Pastrana, liberado sano y salvo. Meses después, en noviembre, el presidente denegó la autorización al ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, de conducir una estrategia de tierra quemada contra las guerrillas, forzando al militar a dimitir.

Los atentados y crímenes, crecientemente osados, buscando doblegar al Estado, del cártel de Medellín que lideraba Pablo Escobar Gaviria alcanzaron su clímax el 18 de agosto de 1989 con el asesinato durante un mitin en Soacha, Cundinamarca, de Galán Sarmiento, que previamente había integrado a Nuevo Liberalismo en el PLC y que como precandidato presidencial encabezaba los sondeos de intención de voto por su discurso de beligerancia con los cárteles de la droga y la corrupción política y en favor de una profunda reforma de las instituciones del Estado.

El magnicidio de quien para muchos era el presidente in péctore de Colombia llenó de conmoción e indignación a la opinión pública y resultó determinante para que Barco saliera a la palestra con un discurso televisado, sin precedentes por su contundencia, en el que anunció la declaración por el Estado colombiano de la guerra total al narcotráfico. La enérgica reacción del titular del Ejecutivo recordaba la mostrada por Betancur un lustro atrás a raíz de otro magnificio de gran impacto social, el del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, otro paladín del imperio de la ley y a la sazón número dos de Nuevo Liberalismo, que pagó con la vida el haber tenido la audacia de plantar cara a la mafia de la droga.

Al igual que entonces, las fuerzas de seguridad, siguiendo las instrucciones del presidente y valiéndose de un espectacular despliegue de medios, practicaron abundantes detenciones, allanaron haciendas de capos y se incautaron de sus suntuosas propiedades. Incluso mataron a algunos que se resistieron a ser arrestados, como Gonzalo Rodríguez Gacha, jefe militar del cártel de Medellín, abatido el 15 de diciembre de 1989. Ahora bien, la ofensiva del Gobierno pareció más propagandística que efectiva, ya que el cártel de Medellín conservó intacta su capacidad para golpear con las armas y, efectivamente, respondió con acciones terroristas redobladas e indiscriminadas. Al tratamiento militar de lo que empezaba a llamarse el narcoterrorismo el Gobierno de Barco sumó una vigorosa campaña diplomática que ganó para su política solidaridad y cooperación internacionales

Ante la firmeza del Gobierno, que hasta Barco no había sido sino un testigo, entre desidioso e impotente, de los desmanes y la impunidad de las mafias de la droga, el 17 de enero de 1990 los denominados extraditables -miembros de cárteles procesados y requeridos por la justicia estadounidense- le ofrecieron un pacto por el que aceptaban la victoria de las autoridades y cesaban en sus ataques terroristas a cambio de garantías legales y constitucionales. Barco rechazó la transacción, que habría supuesto la revocación política del judicialmente suspendido Tratado de Extradición, así que los atentados terroristas se reanudaron en abril.

El 15 de febrero de 1990 Barco fue el anfitrión de una cumbre especial en Cartagena de Indias con los presidentes George Bush de Estados Unidos, Jaime Paz Zamora de Bolivia y Alan García Pérez del Perú con el objeto de coordinar la lucha internacional antidroga, pero previamente había expresado su rechazo y malestar por el despliegue naval de la potencia norteamericana frente a las costas colombianas a partir del 7 de enero, que Bogotá entendió como una medida de presión muy poco diplomática para que no decayera la lucha contra el narcotráfico. Desde fuera se consideró sospechoso que el Gobierno persiguiera básicamente al cártel de Medellín y no al rival cártel de Cali, que movía menores volúmenes de droga, dirigía sus negocios criminales con menores dosis de violencia y publicidad y se hallaba más integrado en los círculos de poder de la alta empresa y los partidos políticos tradicionales.

En el tramo final de su mandato, Barco tuvo más éxito en las negociaciones con las organizaciones guerrilleras: el 8 de marzo de 1990 se firmó la paz con el M-19, que ya no volvió a las armas pese al asesinato de su líder, Carlos Pizarro León-Gómez, el 26 de abril, así como con el Ejército Popular de Liberación (EPL), el 16 de mayo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrillas de abierta confesión marxista, prosiguieron las hostilidades contra el Estado colombiano, que trató de devolver los golpes apoyándose en los suministros de armas y la asesoría contrainsurgente de Estados Unidos, y en la legislación de excepción, como el estatuto antiterrorista y el estado de sitio, a cuyo socaire se violaron no pocos Derechos Humanos.

En el terreno social, Barco lanzó un amplio programa de obras públicas y campañas en defensa de la infancia y las comunidades indígenas. Estas actuaciones consumidoras de gasto público pudieron llevarse a cabo en un contexto de relativa benignidad económica, sobre todo por comparación con los países del entorno, mostrando Colombia en este período sendas tendencias al crecimiento económico, con tasas anuales entre el 3% y el 5% del PIB, al aumento de las inversiones foráneas, a la moderación de la deuda exterior y la inflación, que siguió siendo alta pero no asfixiante, siempre inferior al 30%, así como a la reducción del desempleo.

El 7 de agosto de 1990 Barco, mermado de salud desde que fuera operado de una dolencia intestinal aguda en septiembre de 1987, entregó la banda presidencial a su correligionario César Gaviria Trujillo, vencedor en las elecciones del 27 de mayo. Pizarro y otros tres candidatos de la izquierda, destacando Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica (UP), asesinado el 22 de marzo, fueron abatidos por los sicarios con patrocinadores oscuros -la muerte de Jaramillo se atribuyó a elementos incontrolados del cártel medellinense- pero con un claro propósito desestabilizador. En todo el período, la UP fue diezmada de sus cargos electos y cuadros directivos, pagando muy cara sus vínculos con las FARC.

La administración del veterano ingeniero y economista no consiguió terminar con un fenómeno, el de la violencia, que presentaba trazas de ser estructural y de tener muy difícil desarraigo, sobre todo por la multiplicidad de los grupos que la promovían, en algunos casos con evidentes ramificaciones en las Fuerzas Armadas y las clases dirigentes más conservadores. Un análisis retrospectivo destaca en los cuatro años de presidencia de este dirigente calificado de honesto y bienintencionado la estabilidad económica de que gozó el país y el sentido ético que aportó a las instituciones democráticas, en especial la que él ocupó. Desde otro punto de vista, es achacable a su administración una falta de criterio, cuando no una sospechosa flojedad, en la persecución de quienes asesinaron a centenares de periodistas, políticos (representantes populares en muchos casos) y activistas sociales por el mero hecho de presentar militancia o simpatías izquierdistas o por propugnar la moralización de las instituciones y el final de la impunidad de las tramas corruptas y criminales imbricadas en los poderes públicos.

El Gobierno de Gaviria, que en diciembre de 1990 llevó a cabo las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente que Barco había convocado para dotar al país de una nueva Carga Magna que avalara una importante reforma estatal, concedió al emérito estadista el puesto de embajador en Londres, pero al cabo de dos años retornó a Colombia tras diagnosticársele el mal de Alzheimer y cáncer. Después de varios meses de tratamiento clínico, Barco falleció en Bogotá el 20 de mayo de 1997 a los 75 años de edad. Una de sus hijas, Carolina, es en la actualidad ministra de Asuntos Exteriores en el Gobierno que nombró el liberal independiente Álvaro Uribe Vélez luego de tomar posesión de la Presidencia en agosto de 2002. Entre los libros de Barco se citan Lucha partidista, Economía, planeación y política, Política internacional de lucha contra la pobreza, y Una Colombia nueva.

(Cobertura informativa hasta 1/10/2002)